MANAMA.- El Ministerio del Interior de Bahrein reiteró hoy su advertencia a
activistas opositores de que emprenderá acciones legales inmediatas
contra quienes quebranten el orden público mediante protestas, luego de
condenar a 24 personas acusadas de terrorismo.
A fin de desalentar movilizaciones de sectores chiitas en rechazo a la
revocación de la ciudadanía al influyente clérigo jeque Issa Qassem, el
gobierno de Manama amenazó también con medidas severas a quienes
"busquen alterar el tráfico con el objetivo de subvertir la seguridad y
la paz civil".
Incluso, la dependencia gubernamental afirmó que "responderá a los llamados que incitan (a la desobediencia) o a otros actos que puedan afectar el orden público y la seguridad".
La información difundida por la agencia oficial de noticias BNA evita puntualizar el nivel de protestas imperante en este reino, aunque fuentes del movimiento opositor 14 de Febrero (por la fecha en que iniciaron las revueltas en 2011) confirmaron violentos choques callejeros.
El canal satelital iraní Press TV también reportó enfrentamientos entre efectivos policiales antimotines y simpatizantes del jeque Qassem en inmediaciones de su vivienda, donde intentan concentrarse cientos de chiitas para solidarizarse con el clérigo tras la revocación de su nacionalidad.
Paralelamente, miembros de la mayoritaria población chiita bahreiní cuestionaron la credibilidad del fallo de la Suprema Corte Penal de este país que condenó a un hombre a cadena perpetua y a otros 23 a 15 años de cárcel por pertenecer a una célula del grupo terrorista Estado Islámico (EI).
La sentencia ordenó, además, la confiscación de armas, explosivos y otras pertenencias de los acusados, 16 de los cuales fueron juzgados en ausencia, y la retirada de la ciudadanía bahreiní a 13 de los procesados.
El fiscal del Ministerio Público Ahmed Al-Hammadi señaló que el veredicto de cadena perpetua se emitió contra un individuo al que se le probó haber formado una rama del Daesh, nombre árabe del grupo islamista sunnita, y reclutado a otros para cometer actos terroristas.
También se le imputó ayudar a uno de sus miembros a viajar a Siria para recibir entrenamiento de los extremistas del EI, reclutar a otros dos para que se unieran a esa organización en el extranjero, mientras al resto se le juzgó por combatir para el Daesh.
Según la Fiscalía, los documentos presentados demostraron que la célula utilizó las redes sociales para incitar a miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad de Bahrein a "unirse a su grupo terrorista", urdir ataques lugares de culto musulmán en países vecinos, como Arabia Saudita.
Incluso, la dependencia gubernamental afirmó que "responderá a los llamados que incitan (a la desobediencia) o a otros actos que puedan afectar el orden público y la seguridad".
La información difundida por la agencia oficial de noticias BNA evita puntualizar el nivel de protestas imperante en este reino, aunque fuentes del movimiento opositor 14 de Febrero (por la fecha en que iniciaron las revueltas en 2011) confirmaron violentos choques callejeros.
El canal satelital iraní Press TV también reportó enfrentamientos entre efectivos policiales antimotines y simpatizantes del jeque Qassem en inmediaciones de su vivienda, donde intentan concentrarse cientos de chiitas para solidarizarse con el clérigo tras la revocación de su nacionalidad.
Paralelamente, miembros de la mayoritaria población chiita bahreiní cuestionaron la credibilidad del fallo de la Suprema Corte Penal de este país que condenó a un hombre a cadena perpetua y a otros 23 a 15 años de cárcel por pertenecer a una célula del grupo terrorista Estado Islámico (EI).
La sentencia ordenó, además, la confiscación de armas, explosivos y otras pertenencias de los acusados, 16 de los cuales fueron juzgados en ausencia, y la retirada de la ciudadanía bahreiní a 13 de los procesados.
El fiscal del Ministerio Público Ahmed Al-Hammadi señaló que el veredicto de cadena perpetua se emitió contra un individuo al que se le probó haber formado una rama del Daesh, nombre árabe del grupo islamista sunnita, y reclutado a otros para cometer actos terroristas.
También se le imputó ayudar a uno de sus miembros a viajar a Siria para recibir entrenamiento de los extremistas del EI, reclutar a otros dos para que se unieran a esa organización en el extranjero, mientras al resto se le juzgó por combatir para el Daesh.
Según la Fiscalía, los documentos presentados demostraron que la célula utilizó las redes sociales para incitar a miembros del Ejército y de las fuerzas de seguridad de Bahrein a "unirse a su grupo terrorista", urdir ataques lugares de culto musulmán en países vecinos, como Arabia Saudita.
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