El proyecto
de ley "será enviado al presidente del Parlamento para ser transmitido
al gobierno", indicó Gholamreza Mesbahi Moghadam, miembro del consejo.
En 2018, el Parlamento ya había aprobado el proyecto, que
incluye la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de
grupos "terroristas", pero el Consejo de Guardianes de la Constitución,
dominado por los conservadores, lo rechazó.
Los Guardianes
consideran que la ley serviría a los países occidentales para presionar a
la economía iraní, y les permitiría intervenir en la financiación por
parte del gobierno de organizaciones como el Hezbolá libanés, un aliado
clave de Teherán en la región.
Por el contrario, el gobierno del
presidente Hasan Rohani cree que la ley responde a las demandas del
Grupo de Acción Financiera (GAFI) que regula los esfuerzos
internacionales para luchar contra el blanqueo de capitales y la
financiación del "terrorismo".
Irán es el único país, junto a
Corea del Norte, que todavía está en la lista negra de países o
territorios no cooperativos con el GAFI, que se reúne en febrero para
evaluar los avances de Irán en la materia.
El Consejo del
Discernimiento, cuyos miembros son nombrados por el Guía Supremo Alí
Jamenei, es el encargado de resolver los diferendos entre el Parlamento y
el Consejo de Guardianes.
Desde el restablecimiento de las
sanciones de Estados Unidos, el gobierno iraní está preocupado por la
situación económica del país y quiere preservar las relaciones
comerciales y financieras entre Irán y el resto del mundo.
