MADRID.- La justicia española se dispone a juzgar a la empresa pública de armamento Defex, sospechosa de crear todo un sistema de corrupción y malversación en la gestión de sus contratos en Angola, Camerún y Arabia Saudita y, de paso, enriquecer a sus administradores.
El
juez José de la Mata ha ido sumando hallazgos, a medida que indagaba en
los contratos de Defex, una empresa fundada en 1972 por el Estado
español para sostener las exportaciones de su industria militar y
actualmente extinta.
Ahora,
la justicia se dispone a juzgar a la empresa y a varios
exadministradores y exintermediarios, acusados de corrupción, cohecho,
blanqueo de capitales o un delito de organización y grupo criminal.
En
lo que concierne a las operaciones en Arabia Saudita, José de la Mata
propone juzgar a la empresa y su exdirección por "presuntas
irregularidades en 11 contratos, suscritos entre 2005 y 2014 por valor
de más de 48 millones de euros", anunció esta semana la Audiencia
Nacional, un alto tribunal.
El
juez sospecha que Defex pagó "comisiones a sociedades consultoras que
no se corresponderían con trabajos reales", y remuneró a "terceros
identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar
que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el
gobierno de Arabia Saudita".
También apunta hacia "un probable beneficio ilícito de los administradores de la empresa pública".
En
Camerún, por otro lado, Defex se habría apoyado en los "favores" de un
francés, Philippe Bourcier, sospechoso de recibir más de 14 millones de
euros de comisiones "injustificadas", a través de sociedades pantalla,
según un comunicado publicado en enero por la Audiencia Nacional.
Actualmente bajo orden de búsqueda, Bourcier es presentado como "la pieza maestra" de las operaciones de Defex en Camerún.
Otra
figura central, esta vez en el caso angoleño, es Beatriz García Paesa,
la sobrina de un célebre espía español, Francisco Paesa, conocido por su
implicación en un vasto escándalo de corrupción en los años 1990,
protagonizado por el que fuera entonces director de la Guardia Civil,
Luis Roldán.
Cuenta
el experto en comercio de armas Pere Ortega, presidente del Centro de
Estudios por la Paz Delas, que le resultó "muy curioso" descubrir en la
prensa en 2014 que "Defex utilizaba la estructura de la sobrina de Paesa
para hacer operaciones de blanqueo de dinero" en Luxemburgo.
Según
el tribunal, las operaciones ilegales de Defex respondían a un doble
objetivo: obtener contratos previo pago de comisiones a gobernantes y
funcionarios (además de regalos), y enriquecer considerablemente a los
administradores de la empresa pública y a sus intermediarios incluyendo
"brutales sobreprecios" o simulando la prestación de servicios falsos.
En
uno de sus documentos, el juez destacó "el absoluto descontrol" en el
seno de Defex, participado en un 51% por un holdig público y disuelto en
2017 a causa del escándalo.
Si
"ha fallado el control estrepitosamente", significa que "hay
connivencia del Estado, si no, no se entiende", abunda Pere Ortega.
"Siempre
hemos sabido y bien conocido que todas las exportaciones de armas
llevan implícitas comisiones, pero este caso es realmente y
especialmente grave porque se trata de una empresa creada por el
Estado", añade Ortega.
En
la parte angoleña de la investigación, la fiscalía ha pedido, según la
prensa, 50 años de prisión contra José Ignacio Encinas Charro,
presidente de Defex de 1991 a 2012.
La
justicia apunta en particular al "presunto desvío y apropiación de
fondos" por parte de Defex "en contratos de suministro de material
policial" a Angola, firmados en 2008.
En
ese país se habrían destinado al menos 41 millones de euros a
"comisiones ilegales", entre los que el juez detalla pagos a "hijos,
cónyuges y demás familiares del gobierno angoleño", presidido durante 38
años por José Eduardo dos Santos (1979-2017).
