La crisis iniciada en el último trimestre del 2007, prolongada durante más de siete años, ha provocado la desaparición de un elevado número de empresas, con el consiguiente incremento del desempleo. Si bien el origen del desequilibrio económico generalizado se inició con el fracaso de las corrientes financieras internacionales especulativas y sin control, no debemos ocultar que también existieron empresas con malas prácticas, nacidas en unos mercados con exceso de optimismo, desprecio al riesgo y un crédito fácil y mal administrado. Debemos, por ello, estudiar el perfil del actual colectivo empresarial y la del propio empresario español, su protagonismo en el desarrollo económico y su legitimidad indiscutible.
Las actividades de los empresarios son imprescindibles, pero su creatividad y desarrollo, habrán de ser correctos, eficaces, competitivos y creadores de riqueza y puestos de trabajo. El éxito sólo se consigue con dedicación, trabajo, mantenimiento de la calidad, la investigación y la innovación; éstas últimas aún lejanas de las practicadas en las naciones de nuestro entorno.
En España el colectivo empresarial supera ligeramente los tres millones, de los que el 53% no tenía asalariados, el 28% entre uno y tres, el 15% hasta 20, y sólo el 4% de las empresas trabaja con más de veinte. Por otro lado la supervivencia de las empresas es muy baja, ya que sólo el 14% supera los 20 años de vida, concentrándose la desaparición en la industria y la construcción, y el aumento de su peso en las de servicios. Los emprendedores, comprendidos entre los 25 y 39 años, en buena parte proceden del desempleo facilitando su actividad desde las tendencias del consumidor, y los obstáculos: ciertas políticas gubernamentales, el difícil acceso a la financiación, la elevada presión fiscal, y las lentas y complicadas trabas burocráticas.
Según el Instituto de Análisis Económico y Social, en base de los estudios llevados a cabo hasta el 2010, el peso de los empresarios de origen familiar alcanza el 65%, y destaca una tendencia creciente y sostenida a la entrada de la mujer en el colectivo emprendedor, pasando en un sólo quinquenio del 8,5% al 22%. Las motivaciones se relacionan con la calidad de vida, la autorrealización, la búsqueda de mayores ingresos y su contribución a la sociedad.
La justificación y el interés popular sobre la aparición de nuevas empresas se basa, por una parte, por la posesión de atributos especiales y el afán creativo, y por otra: la continuidad familiar, las características de los sectores sociales y a los valores personales necesarios para el ejercicio profesional de la innovación empresarial, apoyada en una formación técnica y científica, imprescindible hoy día.
Pero el interés del empresario por la responsabilidad social se despertó a partir de los años ochenta del siglo pasado, con las directrices marcadas por la OCDE, los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las normas ISO 26OOO sobre responsabilidad social, y los Acuerdos de la Comisión Europea sobre la responsabilidad social de las empresas del 2001, así como los principios establecidos por la Global Reporting Iniciative (GRI) que obligan a informes anuales sobre el grado de cumplimiento de las empresas en el mismo sentido.
Todo
ello, ha caracterizado, en general, la espontaneidad de las empresas en
adoptar y aplicar políticas sociales junto a la voluntariedad de
información sobre estas políticas. A mayor abundamiento, el pasado 15
de abril de 2014, el Parlamento Europeo ha aprobado una Directiva sobre
la divulgación de la información no financiera, que obliga a las
empresas de más de 500 trabajadores y un volumen de venta superior a
cuarenta millones de euros a informar sobre impactos sociales,
medioambientales y medidas contra la corrupción.
Los valores y gestión de los empresarios, junto a la valoración que hacen los ciudadanos, han de reunir las condiciones necesarias para conseguir la justa legitimidad de aquellos, imprescindible tanto para la sociedad como, en gran medida, responsables del éxito económico de un país. Es necesaria la confianza empresa-sociedad-Estado, y esto es tarea de todos.
Los valores y gestión de los empresarios, junto a la valoración que hacen los ciudadanos, han de reunir las condiciones necesarias para conseguir la justa legitimidad de aquellos, imprescindible tanto para la sociedad como, en gran medida, responsables del éxito económico de un país. Es necesaria la confianza empresa-sociedad-Estado, y esto es tarea de todos.
Para
que los ciudadanos sientan interés por el emprendimiento, hace falta
también, un modelo educativo que genere iniciativa e inclinación hacia
la creatividad. El Estado es corresponsable de que esto se cumpla en
interés de todos, y que regule un mejor sistema de costes y
simplificación de administración para el inicio de la actividad.
La empresa española debe evolucionar hacia un crecimiento más sostenido, ya que pocas de ellas consiguen su consolidación a largo plazo, e incluir una organización interna menos jerarquizada, más flexible y más participativa, sin olvidar el aumento de fondos propios, capaz de disminuir riesgos y revalorizar sus balances.
La empresa crea valores compartidos que deben satisfacer al conjunto de la sociedad, producir bienes y servicios en un mercado competitivo, cuidar de su reputación, informar con transparencia y cumplir con sus obligaciones para con terceros. Este es el único camino inteligente para mejorar la legitimación del empresario y la responsabilidad colectiva.
La empresa española debe evolucionar hacia un crecimiento más sostenido, ya que pocas de ellas consiguen su consolidación a largo plazo, e incluir una organización interna menos jerarquizada, más flexible y más participativa, sin olvidar el aumento de fondos propios, capaz de disminuir riesgos y revalorizar sus balances.
La empresa crea valores compartidos que deben satisfacer al conjunto de la sociedad, producir bienes y servicios en un mercado competitivo, cuidar de su reputación, informar con transparencia y cumplir con sus obligaciones para con terceros. Este es el único camino inteligente para mejorar la legitimación del empresario y la responsabilidad colectiva.
(*) Economista y empresario
