lunes, 31 de diciembre de 2018

La venta de armas a Arabia Saudí en 2018: grandes cambios para que todo siga igual / Ignacio Robles *

El año año que dejamos atrás empezó como acabó el anterior, y como viene sucediendo desde marzo de 2015, con la aviación saudí sometiendo a su vecino Yemen a despiadados bombardeos. 

Ante la indiferencia del resto del mundo, Naciones Unidas definió la situación como “la peor catástrofe humanitaria del planeta”, con decenas de miles de personas asesinadas, millones de desplazados internos y el escalofriante dato que ofreció Unicef: la muerte de un niño menor de 5 años cada 10 minutos.

En nuestro país la situación tampoco había cambiado mucho desde que en marzo de 2017, tras el expediente disciplinario que se me abrió por no querer participar en uno de los envíos, saltó a los medios la noticia de que España proporcionaba parte de las armas. Pese al escándalo y la indignación, los barcos saudíes seguían acudiendo puntualmente a su cita mensual.

Así empezó 2018, con nuestra Casa Real hermanada con los asesinos más despiadados del planeta y los grandes empresarios multiplicando sus turbias fortunas, mientras desde algunas organizaciones (LGEA, Armas Bajo Control, AI, Greenpeace…) se trataba de defender los Derechos Humanos y la legalidad internacional con mucho esfuerzo y pocos medios. 

Gracias a este empeño en marzo llegó una buena noticia: la naviera saudí renunciaba a seguir cargando armas en el puerto de Bilbao. Fue una victoria pequeña, porque pasaron a cargarlas desde el vecino Santander, pero demostró que el trabajo que se estaba haciendo iba en la dirección adecuada. 

Sin duda, el gran acontecimiento de 2018 fue una moción de censura que nadie esperaba y el consiguiente cambio de gobierno, pero para entender su alcance en el asunto que nos ocupa hay que conocer con mayor detalle cuál era la situación con el gobierno anterior. 

La legislación internacional (TCA/2013), la europea (Posición Común 944/2008) y la española (Ley 53/2007), cada una en su nivel, prohíben la transferencia de armas a cualquier país susceptible de usarlas contra civiles, este es un dato objetivo e indiscutible. 

Según esto, cada envío a Arabia Saudí, desde que se tiene conocimiento de que se están usando contra la población en Yemen, es ilegal. El gobierno del Partido Popular estuvo tres años autorizando estas transferencias ilegales de armas con la excusa de que los terroristas saudíes se habían comprometido a no utilizarlas. 

Mandábamos decenas de miles de toneladas de armas y teníamos que confiar en que un país en guerra las estaba guardando y no usando: el gigantesco almacén se debía ver desde el espacio. Cuando se les preguntaba por las garantías de que aquello se cumpliera contestaban que por supuesto que las tenían, pero era información secreta y no se podía proporcionar.

Llegó el cambio y el nuevo gobierno del PSOE tuvo acceso a esta documentación, si es que realmente existía, a través de la Ministra de Defensa y de la Secretaria de Estado de Comercio. 

Sus reacciones fueron inmediatas en sendas comparecencias en septiembre: Margarita Robles paralizó la venta de 400 bombas de precisión y Xiana Méndez admitió que las garantías que ofrecía Arabia Saudí carecían de validez y se comprometió a revisar estas exigencias y a verificar “ex post” el uso de las armas si finalmente eran transferidas. 

También se comprometió a trabajar con transparencia: Era la primera semana del curso político tras el cambio de gobierno y el sistema de exportación de armas a Arabia Saudí iba a ser completamente revisado. 

El espejismo duró poco, una semana más tarde el Gobierno desautorizó públicamente a la ministra de Defensa, y de lo prometido por la Secretaria de Estado de Comercio nada se ha vuelto a saber. El trabajo sucio lo realizaron Borrell y Celaá: “son de alta precisión que no se van a equivocar asesinando yemeníes” dijeron sobre el tipo de bombas que se sabe que se están usando para asesinar a miles de niños, 40 de ellos apenas un mes antes en el ataque a un autobús escolar. Ninguno de los dos ha dimitido tras unas declaraciones que pasarán a la historia por su indecencia.

Se nos intentó hacer creer que todo fue consecuencia de una supuesta amenaza por parte del gobierno saudí de cancelar un contrato de 1.800 millones de euros para construir cinco corbetas. Independientemente de que aquella amenaza existiera o no, que no está confirmado, cuesta creer que un gobierno cambie algo tan importante como su postura en la defensa de los Derechos Humanos porque algunos trabajadores salgan a la calle y quemen unos neumáticos. 

Sobre todo después de que a los trabajadores del astillero de La Naval en Sestao, en una situación más acuciante y con unas exigencias más razonables, nadie les haya escuchado. 

Además, el gobierno ya demostró que los puestos de trabajo en Navantia no le preocupaban lo más mínimo cuando llegó a paralizar durante dos años un contrato para construir fragatas por 4.000 millones de euros, sólo para facilitar que una empresa de Pedro Morenés suministrara unos misiles. 

La construcción de corbetas ni siquiera era prioritaria para Navantia, como demostró en marzo cuando renunció al programa Tamandaré, un contrato idéntico de 5 corbetas por 1.800 millones de euros, pero para la Armada de Brasil. La justificación: “Exceso de carga de trabajo”. Así que... ¿Qué pasó durante aquella segunda semana de septiembre que logró doblegar al Gobierno de España? 

Parte de la explicación la podemos intuir de las grabaciones en las que Corina Zu Sayn-Wittegenstein desvelaba que Juan Carlos I estaba cobrando comisiones multimillonarias por sus mediaciones con la monarquía saudí. La estrecha relación entre las dos Casas Reales es muy productiva para la parte española, que no parece dispuesta a renunciar a ella. 

Por otro lado, la lista de grandes empresarios españoles con negocios turbios en Arabia Saudí, relacionados o no con el tráfico de armas, es larga y sus nombres muy importantes. Fueron estas presiones, y no las de unos trabajadores en un astillero, las que hicieron recular al Gobierno, por mucho que Pedro Sánchez insistiera: “Prioricé mantener las relaciones con Arabia Saudí y garantizar los puestos de trabajo en Cádiz”.
En octubre, y según la versión de la propia CIA, Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí y máximo responsable de los bombardeos sobre Yemen, ordenó descuartizar al periodista crítico Jamal Khashoggi en su consulado de Estambul, logrando lo que el asesinato sistemático de decenas de miles de yemeníes no había conseguido: indignar a la opinión pública mundial. Mientras la gran mayoría de países del mundo lo condenaban y tomaban medidas contra los asesinos, nuestro presidente mostraba su “consternación”, pero evitaba cualquier crítica. 

Algunas de esas medidas han supuesto hitos históricos, como la votación del Senado de los EEUU en la que se exigió al Gobierno de aquel país el cese del apoyo a Arabia Saudí en la guerra de Yemen. Otro ejemplo ha sido la resolución de Naciones Unidas impulsada por Reino Unido para exigir el fin de los ataques en la ciudad de Hodeida, que finalmente fue adoptada durante las negociaciones de paz en Suecia. Además, países como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Noruega, Suiza o Austria ya han confirmado que no venderán más armas. 

Mientras la mayoría de los países de nuestro entorno tomaban medidas contra Arabia Saudí, España se desmarcaba tratando de escenificar públicamente su apoyo al reino wahabí. Se trató de hacer primero mediante la participación de uno de nuestros máximos representantes, Rafa Nadal, en un partido de tenis en Jeddah que fue cancelado debido a las presiones. Finalmente, se logró el día que Juan Carlos I se fotografió en actitud amistosa con Mohamed bin Salman durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. 

Acababa 2018 con un panorama bastante desolador, con una impresionante respuesta internacional ignorada completamente por nuestro gobierno, cuando saltó la sorpresa. El 20 de diciembre el barco saudí que se dirigía a Santander a cargar bombas viró en el último momento, pasando de largo este puerto. El 23 diciembre pasaba también de largo Motril, su siguiente escala prevista, siendo la primera vez que uno de estos buques no hace escala en España tras haberlo anunciado. 

Todavía no está claro qué significa esto, pero permite intuir que pese a todo, el intenso trabajo de las organizaciones involucradas está teniendo sus efectos. Veremos qué nos depara 2019.



 (*) Bombero vasco