Durante los últimos años un buen número de países están adoptando profundos cambios normativos con objeto de acelerar la transformación hacia un futuro con cero emisiones netas.
La transición ecológica, como indica la Organización Internacional del Trabajo, tiene como objetivo ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás.
La mayoría de los gobiernos han incorporado los principios de la transición ecológica justa en sus estrategias a corto y largo plazo, que justifican por la emergencia climática. Sin embargo, los cambios acelerados, sin consistencia científico-técnica y sin transparencia, están provocando un creciente malestar en la población y ocasionando un alto coste para los trabajadores.
Los agricultores y ganaderos llevan tiempo señalando la excesiva rapidez del desarrollo de los postulados de la Agenda 2030, a pesar de que informes del Centro Común de Investigación (JRC), órgano asesor de la Comisión Europea, ponen de manifiesto el enorme daño que causan al campo las políticas que se pretenden implantar tan aceleradamente.
En las últimas semanas, asociaciones agrarias denuncian que se han ocultado opiniones muy cualificadas que alertaban sobre las catastróficas consecuencias de la aplicación radical de varios de los objetivos de la Agenda 2030. Se advierte de que las normas agrarias de la UE, que materializan una aplicación extrema de la Agenda 2030, provocan que los agricultores estén abandonando sus explotaciones, ya que cada vez encuentran más dificultades para el desarrollo de su actividad
Las autoridades comunitarias imponen muchas restricciones a la actividad agraria a través de las estrategias de la Granja a la Mesa y por la Biodiversidad 2030 que podría llevar a la agricultura europea a la ruina, mientras son excesivamente permisivas cuando se trata de terceros países que además son competidores directos de los productores europeos.
El Gobierno español es el que con mayor ímpetu acomete estas estrategias a través de una amplia legislación, como las normas para la reducción de fitosanitarios y fertilizantes que provocan una caída de la producción.
La estrategia de restauración de ríos por la que se destruyen pequeñas presas y azudes, en lugar de construir embalses para asegurar la disponibilidad de agua sin restricciones; o el plan de acción de aguas subterráneas, que persigue disminuir el regadío con el pretexto de que para en 2027 las aguas subterráneas no estén tensionadas.
La obsesión por situar el sector agropecuario en el centro de todos los males climáticos ha llevado a implantar un sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas para controlar exhaustivamente todas las actividades agrícolas, a costa del agricultor, que no se exige en ninguna otra profesión.
Incluso, se condicionan los pagos de la PAC a que la administración califique las prácticas agrarias como sostenibles, en lugar de compensar a los agricultores para que puedan tener un rendimiento justo por su trabajo.
Las continuas iniciativas para restringir la actividad agrícola y ganadera están consiguiendo una cada vez mayor dependencia de terceros países y un empobrecimiento generalizado del campo, lo que ocasiona la despoblación de buena parte de España.
El abandono del campo, la mala gestión del agua y la sustitución del regadío por parques eólicos o solares provocan el avance de la desertificación y un fuerte deterioro de la biodiversidad.
La transición injusta es consecuencia de la excesiva rapidez para conseguir la transformación ecológica, sin tener en cuenta los perjuicios que genera a los agricultores y ganaderos que producen nuestros alimentos. Sin planteamientos extremistas, con ciencia y talento es posible ganar el futuro contando con todos y justamente.
(*) Catedrático de Química Orgánica en la Universidad de Murcia (Spain)
