EL CAIRO.- Arabia Saudí
ha sufrido este jueves un varapalo histórico. Por primera vez desde la
creación hace trece años del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 36 países, con la Unión Europea al completo, han condenado al reino exigiendo la puesta en libertad inmediata de diez activistas
y reclamando que coopere con la investigación independiente iniciada
por el organismo internacional para esclarecer el asesinato del
periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, recuerda el corresponsal de El Mundo, de Madrid.
La declaración denuncia "los continuos arrestos y detenciones
arbitrarias de defensores de los derechos humanos en el reino de Arabia
Saudí, incluyendo las activistas de los derechos de la mujer".
"Estamos
particularmente preocupados por el uso de la ley antiterrorista y de otras cláusulas de seguridad nacional contra individuos
que están ejercitando pacíficamente sus derechos y libertades. Los
defensores de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil pueden y
deberían desempeñar un papel vital en el proceso de reforma que el
reino persigue", agrega la nota.
El texto, de una dureza hasta ahora inédita, ha logrado la proeza de unir a los países miembros de la Unión Europa, incluido Reino Unido. Han respaldado también la censura pública del régimen saudí países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Noruega.
No así Estados Unidos, cuya Administración ha ofrecido apoyo y salvavidas al príncipe heredero Mohamed bin Salman
desde el crimen de Khashoggi el pasado octubre, entre críticas de
miembros del Congreso y llamadas a castigar al reino y suspender las
transacciones de armamento.
La declaración subraya la situación de las mujeres detenidas el pasado mayo por su activismo, un mes antes de que el país levantara la prohibición de conducir para las féminas.
Entre las arrestadas, figuran Lujain al Hathlul, de 28 años, que en
2014 desafió el veto colocándose al volante; Iman al Nafjan, profesora
universitaria y bloguera que también participó en aquella campaña, y
Aziza al Yusef. Han corrido la misma suerte Nuf Abdelaziz, Maya al
Zahrani, Hatun al Fassi, Samar Badawi, Nasema al Sadah y Amal al-Harbi.
Junto a ellas, también se encuentran entre rejas los varones que
apoyaron el movimiento como el abogado Ibrahim al Modaimeegh, el
filántropo Abdelaziz Meshaal y el activista Mohamed Rabea.
Tras haber sido víctimas de una campaña de difamación en los medios entre acusaciones de "traición", aguardan el inicio de un juicio con cargos que incluyen "haber mantenido contactos sospechosos con países rivales" y "socavar la seguridad y la estabilidad nacionales"
que podrían acarrearles condenas de veinte años de prisión.
Precisamente a principios de marzo, la oficina del fiscal general saudí
anunció el fin de la investigación y el inicio de los preparativos para
el juicio. Familiares y activistas de derechos humanos han denunciado
que las mujeres han padecido torturas desde su arresto, un extremo que Riad niega.
Una petición de liberación que también voceó este miércoles la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet.
La inédita reprimenda también ha recordado el asesinato de Khashoggi
cuyo cadáver -descuartizado presuntamente en el propio consulado y más
tarde extraído de la legación en bolsas de plástico- aún no ha sido
localizado.
"Condenamos en los términos más duros posibles el asesinato (...). Las circunstancias de su muerte reafirman la necesidad de proteger a los periodistas y defender el derecho a la libertad de expresión
en todo el mundo", apunta el texto antes de pedir una investigación
"rápida, minuciosa, eficaz, independiente, imparcial y transparente".
"Los responsables deben rendir cuentas", remacha.
Las naciones firmantes le reclaman al reino saudí que "haga pública toda la información disponible y coopere
plenamente con todas las investigaciones sobre el asesinato en curso".
Aparte de la investigación iniciada por la ONU, las autoridades turcas
no han compartido aún los informes policiales y forenses sobre un crimen
que ha colocado a la monarquía y su sucesor en la diana de la comunidad
internacional.
"Le pedimos a Arabia Saudí que dé pasos
significativos para garantizar que todos, incluidos defensores de
derechos humanos y reporteros, puedan ejercitar libre y plenamente sus
derechos a la libertad de expresión, opinión y asociación, sin miedo a represalias", concluye la declaración. Riad, de momento, no ha reaccionado a la censura pública.
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