BOGOTÁ.- La estatal petrolera colombiana Ecopetrol rechazó este sábado el nuevo atentado contra el oleoducto Trasandino en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, el quinto de este año, y anunció la activación de un plan de contingencia para evitar el daño ambiental.
"Ecopetrol rechaza
rotundamente estos atentados que afectan el medioambiente, las
comunidades y el bienestar de todos los colombianos", indicó la empresa
en un comunicado.
Según el reporte de las autoridades, en la noche del
viernes se registró la activación de un artefacto explosivo en el
corregimiento San Francisco, del municipio de Ricaurte, que hace parte
del departamento de Nariño.
Ante lo anterior fue
necesaria la activación de un plan de contingencia por parte de
Ecopetrol, que incluyó el cierre de las válvulas del oleoducto para
verificar hoy si hay derrame de crudo.
Al respecto, la
petrolera hizo un llamado "a la comunidad de la vereda San Francisco y
aledaña al río Güiza para que se abstenga de acercarse a la zona del
atentado y de consumir o usar el agua de este afluente".
Para
brindarle seguridad a los expertos de Ecopetrol que se encargarán de la
reparación del oleoducto, tropas del Ejército colombiano se desplazaron
esta madrugada a la zona.
En Nariño hacen presencia
las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
guerrillas que se disputan el control de las áreas con cultivos
ilícitos.
La empresa de petróleo indicó que en lo que
va de 2019 se han registrado cinco ataques a su sistema de transporte de
crudo en Nariño.
El Oleoducto Trasandino tiene
capacidad para transportar 85.000 barriles de crudo al día provenientes
del departamento de Putumayo (sur), hacia el puerto de Tumaco
(suroeste), el segundo en importancia en el Pacífico del país.
El
año pasado la infraestructura petrolera colombiana sufrió 107
atentados, de los que 89 afectaron al Oleoducto Caño Limón-Coveñas y 18
al Transandino.
En 2017, el ELN perpetró 62 atentados
contra el Caño Limón-Coveñas, lo que ocasionó el derrame de más de
20.000 barriles de crudo, según cifras de la Procuraduría General de
Colombia.
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