Las reformas sociales iniciadas en Arabia Saudí bajo el impulso del
príncipe heredero y hombre fuerte del país, Mohamed bin Salman, aunque
suponen un cierto avance respecto a la represiva situación anterior
quedan aún muy lejos de alcanzar el deseable estatus de libertades
individuales para las saudíes y en especial para las mujeres.
Es cierto que con dos tercios de la población por debajo de los 30
años, los planes de modernización del príncipe Mohamed han encontrado
una acogida muy positiva sobre todo entre la población femenina. El
levantamiento de la prohibición de conducir que pesaba sobre las mujeres
o la práctica desaparición en público de los efectivos de la Comisión
para la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud —una especie de
policía religiosa que se ha dedicado a imponer sus estrechos códigos
morales sobre el conjunto de la sociedad— son sin duda importantes
avances en una monarquía autoritaria tradicionalmente caracterizada por
un conservadurismo extremo.
Pero la gran asignatura pendiente del príncipe Mohamed sigue siendo
los derechos humanos. La continuación del proceso judicial contra varias
destacadas activistas por los derechos de la mujer —Loujain al
Hathloul, Eman al Nafyan, la veterana Aziza al Yusef, Samar Badawi y
Nasima al Sada— o el asesinato y posterior descuartizamiento del
periodista crítico Jamal Khashoggi hacen que incluso quienes observan
positivamente y apoyan las reformas del heredero se planteen si el
precio a ese apoyo no es demasiado alto.
En el caso de las activistas
además pesan las acusaciones de organizaciones de derechos humanos que
aseguran que las mujeres han sido torturadas, algo que el régimen niega.
Los cambios son importantes si estos demuestran ser el resultado de
una estrategia sincera de apertura en términos de libertades. De lo
contrario se revelan como una coartada cosmética para que las cosas
sigan como antes. El príncipe Mohamed todavía tiene que demostrar a cuál
de las dos estrategias responden sus reformas.
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