EL CAIRO.- Arabia Saudí sigue aplicando su mano de hierro y en 2018 las autoridades ejecutaron a 149 presos, tres más respecto al año precedente pese a las promesas del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman,
de "minimizar" la pena capital en el reino. Así lo refleja la
Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) en un
informe publicado este miércoles titulado "La falsa promesa de Arabia
Saudí", en el que revela que el 50% de los ejecutados en 2018 son extranjeros.
La organización con sede en Berlín, que documenta las violaciones de
los derechos humanos y tiene presencia en la ONU, indicó que "pese a que
la cifra en 2018 no es la más alta de los últimos años, no ha habido una reducción en la aplicación de la pena de muerte desde 2015", año en el que ascendió al trono el rey saudí Salman bin Abdelaziz.
De
hecho, el número de ejecuciones desde 2015 hasta 2018 "ha sido el más
alto desde 1992", con su culmen en 2015, cuando 157 reos fueron
ajusticiados. Unas estadísticas, documentadas por la ONG a través de las
informaciones publicadas por la agencia de noticias estatal saudí SPA,
que muestran que "Arabia Saudí está experimentando uno de los periodos más oscuros de represión bajo la vigilancia del actual rey y su hijo, el príncipe heredero".
El saudí Ali Adubisi, director de la ESOHR, indicó que "el método más usado en Arabia Saudí es la decapitación"
para ejecutar a los condenados y no tiene constancia de que se haya
utilizado otro método el año pasado. Asimismo, aseguró que 148 de las
ejecuciones han sido documentadas a través de las noticias oficiales,
salvo la de una trabajadora doméstica indonesia en octubre de 2018,
identificada como Tuti Tursilawati, lo cual indica que podría haber más
casos.
Adubisi explicó que desde su organización "no pueden asegurar que haya otros casos" porque también hay "desapariciones forzosas"
en el reino "y no hay oportunidad para investigar de forma
independiente" el paradero de estas personas.
Actualmente, según la ONG,
hay 59 presos en riesgo de ser ejecutados, entre los que se encuentra
la activista chií Israa al Ghomgham, detenida en 2015 por protestar en
el este de Arabia Saudí. Si fuera condenada, sería la primera mujer
defensora de derechos humanos que recibe la pena capital en el reino.
Además, la Fiscalía Saudí ha pedido la pena de muerte para cinco personas por el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi
en el consulado de Arabia Saudí en Estambul el pasado octubre, del que
están acusados un total de once individuos saudíes, que supuestamente
habrían matado al columnista en el interior de la legación diplomática.
Dana Ahmed, investigadora para el Golfo y Oriente Medio de Amnistía Internacional (AI), aseguró que "la novedad" en 2018 es la pena capital para personas "acusadas de protestas pacíficas",
como ocurre con Al Ghomgham.
"El uso de la pena de muerte contra
activistas no es nuevo, pero lo que es nuevo (en 2018) es que son
acusados por sus manifestaciones pacíficas", indicó Ahmed, añadiendo que
anteriormente eran acusados de violencia para justificar un castigo de
este calibre.
Al Ghomgham está inculpada de "participar en protestas" y "compartir
información en las redes sociales", entre otros cargos, ninguno de ellos
relacionados con actos violentos. En una entrevista el pasado abril con
la revista estadounidense TIME, Bin Salman prometió que "minimizaría"
el uso de la pena capital y que existían "iniciativas" para cambiar
algunas de las leyes del reino.
El pasado agosto, Arabia Saudí
comenzó esas reformas, como la nueva ley 113 para las condenas a muerte a
jóvenes de entre 15 y 18 años, que estipula que si un menor es acusado
de un crimen castigado con la pena de muerte puede cumplir hasta 10 años
en un reformatorio.
Sin embargo, esto solo se aplica en los casos del
llamado "tazir", castigos que impone el tribunal a su juicio y que no
están contemplados en el Corán o los hadices (dichos atribuidos al
profeta Mahoma), en los que se basa la ley islámica aplicada en Arabia
Saudí.
El pasado octubre, la ONU denunció que la nueva ley
"todavía permite" que la pena de muerte sea impuesta a los menores entre
15 y 18 años. Para Ahmed "es un paso para reducir la aplicación de la pena de muerte contra menores",
pero aún "queda mucho trabajo por hacer".
AI ha documentado los casos
de cuatro menores que continúan en riesgo de ejecución "y nada ha
cambiado" con la nueva ley, como para el saudí Ali al Nimr, que fue
sentenciado siendo menor de edad.
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