MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción española ha abierto diligencias de investigación para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito, Juan Carlos I, por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
En la causa se pueden investigar los contratos pero no a Juan Carlos I,
ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad.
Aunque
anunció su intención de investigar este asunto el pasado septiembre, es
ahora cuando la Fiscalía ha abierto formalmente la investigación, han
señalado fuentes del Ministerio Público, pues es cuando ha llegado
testimonio de las actuaciones remitido por el Juzgado Central de
Instrucción nº 6, que investiga el caso 'Tándem'.
Es
en una de las piezas de este sumario, la denominada 'Carol', en la que
aparecieron las conversaciones grabadas en las que la que fuera amiga
del rey emérito reveló la existencia de los contratos y las supuestas comisiones al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El
caso, sin embargo, se tramitará por Anticorrupción de forma ajena al
resto de operaciones presuntamente delictivas que se vinculan al
excomisario, y por otros fiscales diferentes, según han señalado hoy fuentes de la Fiscalía.
Aunque
es ahora cuando comienza realmente la investigación sobre este asunto,
Fiscalía ya avanzó el pasado septiembre en una nota oficial que entendía
que las revelaciones en este caso son "más concretas", pues hay "identificación del contrato, de personas y de importes del contrato y de las posibles comisiones" y estos datos "aparecen complementados por otros documentos hallados".
Ya
indicó en dicho momento que, "en lo que atañe a la eventual
intervención del hoy Rey emérito, los indicios son extraordinariamente
débiles pues consisten en la mera referencia que hace una persona que no
aparece directa ni indirectamente implicada en los pagos y que tampoco
manifiesta la razón de su conocimiento".
En todo caso, recordaba que atendiendo a la fecha del supuesto pago, "también en este caso", el entonces rey Juan Carlos "gozaba de la inviolabilidad reconocida al Jefe del Estado".
La
Fiscalía señala que de cualquier modo, "al tratarse de un posible caso
de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, sí
parece procedente iniciar una investigación", por este delito y el de "cohecho".
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