MADRID.- El consorcio de empresas españolas que está construyendo el AVE entre
las ciudades de Medina y La Meca ha decidido recurrir a un experto
independiente para solucionar los frentes abiertos con Arabia Saudí en
torno a los plazos de finalización del proyecto y a los sobrecostes
surgidos durante las obras.
Las empresas se disponen así a iniciar un proceso de arbitraje
apelando a una de las cláusulas del contrato firmado con el ente Saudi
Railways Organization (SRO), según explican a El Mundo fuentes
empresariales próximas al consorcio.
A través de este proceso, un
árbitro elegido por ambas partes entre una treintena de candidatos será
el encargado de decidir el plazo de extensión de las obras y el
reconocimiento de costes adicionales por parte de SRO ligados a los retrasos.
El grupo de empresas ha decidido explorar la vía arbitral al no obtener
un compromiso claro por parte del Gobierno saudí para lograr una
extensión del plazo de los trabajos.
Las compañías reclaman 14 meses más de tiempo
y que se les abonen los costes ligados a la prórroga de los trabajos,
cuya entrega prevista es enero de 2017. Miembros de SRO trasladaron
recientemente al presidente de Renfe -empresa integrante del consorcio
que ostenta su presidencia- su voluntad de ampliar los plazos, si bien
las compañías privadas que lo integran exigen que esto se reconozca en
el propio contrato para evitar problemas futuros.
Los integrantes de la sociedad Al Shoula también barajan incluir en el proceso arbitral el tema de los sobrecostes ligados
a la ejecución del proyecto. Estos se dividen en dos partes: por un
lado, aquellos vinculados a los retrasos de los trabajos por la entrega
tardía de la primera fase del proyecto por parte del consorcio
chino-saudí encargado de montar la plataforma de la infraestructura. En
segundo lugar, las empresas justifican la aparición de una serie de
sobrecostes ligados a la realización de los trabajos.
Entre los
propios miembros del consorcio existe una fuerte división en el importe
de las reclamaciones que se debe presentar al Gobierno saudí, con
oscilaciones que van desde los 200 a los 1.800 millones de euros.
En todo caso, fuentes empresariales aseguran que esta parte sigue con
la mano tendida para intentar lograr un acuerdo que evite tener que
avanzar en el proceso arbitral.
El otro gran tema de preocupación
entre los integrantes de Al Shoula es el de los retrasos en los pagos
de las obras por parte de Arabia Saudí. La caída del precio del petróleo
ha debilitado las finanzas públicas del país y obligado a la monarquía
de Salmán bin Abdulazi a realizar un fuerte ajuste en la partida de gastos.
Esto se ha traducido en un retraso en el pago de certificaciones de obra por un importe próximo a los 300 millones de euros,
como ya informó este diario. En los últimos días se ha producido el
abono de varios tramos -integrados en un único pago- y miembros del
consorcio esperan que en las próximas semanas Arabia Saudí se pueda
«poner al día».
El inicio del proceso arbitral coincide también con el relevo en la cúpula del grupo de empresas. El actual consejero delegado, Santiago Ruiz,
ha trasladado a las empresas privadas y públicas que componen Al Shoula
su deseo de abandonar el puesto por las discrepancias surgidas con
algunos de los socios en torno a la gobernanza del proyecto. El
candidato más firme para sustituir a Ruiz en el cargo era Álvaro Senador-Gómez, actual director general del consorcio que ha llevado en las últimas semanas el peso de los trabajos, como así ha sido.
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